Con el afán de coadyuvar en el combate a la corrupción en todo el continente americano, Salvador Ortega López, como ombudsman empresarial único con reconocimiento por la Organización de Estados Americanos (OEA), y presidente de la Unidad Industrial Iztapalapa, firmó un convenio de colaboración con Novia Augustín, presidenta de Refugio de Mujeres en Haití, organización también inscrita ante la OEA, para en conjunto combatir las malas prácticas en los dos países.
Este pasado 30 de enero, durante su visita de trabajo en México, Augustín, representante de la organización haitiana signó junto con el ombudsman empresarial el acuerdo que compromete a ambos a seguir incidiendo en políticas públicas en sus respectivas naciones para ayudar en el combate a la corrupción e impulsar prácticas democráticas en beneficios de sus pueblos.
“Queremos llevar buenas prácticas a Haití. Cuando conocimos al señor Salvador Ortega, en Lima Perú durante la Asamblea General de la OEA, empezamos el sueño de firmar este convenio de colaboración contra la corrupción en nuestros países. Vamos a firmar este convenio porque queremos contribuir a la eliminación de la corrupción porque en el hemisferio hemos visto como esta situación arrebata todo a los pueblos”, sostuvo Novia Augustín durante la firma ante la Asociación de Mujeres Mexicanas (AMEXME), quienes fueron testigos del acontecimiento.
Por su parte, Salvador Ortega, tras hacer un recuento de la historia política, comercial y fiscal de México y de la incursión de la Unidad Industrial Iztapalapa en la Organización de Estados Americanos desde 2011 cuando tuvo su registro como parte del organismo internacional en el que ha colaborado en cada una de sus actividades desde ese año asistiendo a todas sus Asambleas Generales y sus Cumbres de las Américas y del Sector Privado.
Recordó también que México es parte de tratados internacionales, los cuales deben ser respetados, e incluso, por encima de la Constitución. Asimismo, señaló que “los derechos humanos llegaron a México en 1990 como condición para firmar el tratado de libre comercio (TLC) con Estados Unidos” entonces negociado por el priista Carlos Salinas de Gortari.
Ortega López apuntó que la OEA lo nombró Ombudsman Empresarial de la sociedad civil, sin percibir ningún financiamiento, con el encargo “de defender y dirigir el gasto público que pagamos todos los ciudadanos con los impuestos”. Es por esa razón que ahora, a través del programa del Ombudsperson Sectorial, se hace extensivo este nombramiento para desde cada estado y municipio del hemisferio se combata las malas prácticas de servidores públicos.
El convenio signado con Haití y el que le precede signado con la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) y que también será firmado con Argentina y Perú, está sustentado en la Carta Democrática Interamericana en lo que establecen sus artículos 6, 8, 13, 26 y 27. Así como en los acuerdos 840, 1852, 1668, 1707, 1834 y 759 del Consejo Permanente (CP) en los que se expresa “la necesidad” de la participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) para incidir en políticas públicas en cada uno de los Estados miembros de la OEA.
En ese mismo sentido, se establece en la resolución del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC) en la 46 Asamblea General celebrada en junio de 2016 en Santo Domingo, República Dominicana, en la que se ordenó “la creación de entes como el Ombudsman Empresarial” para ayudar al combate de la corrupción en todos los países. Y que ahora se lleva a la práctica a través de la iniciativa impulsada por el propio Ombudsman Empresarial, Salvador Ortega López, con la figura del “Ombudsperson Sectorial anticorrupción”.
