Los actos de corrupción en los países de América Latina son tan frecuentes, que el tema ha llegado a la preocupación de los organismos internacionales, como la Organización de Estados Americanos (OEA), entidad que mantiene el asunto como una de sus cuestiones primordiales, en virtud de que esta calamidad representa un grave retroceso para las Américas. De hecho, tan solo en México, de acuerdo con organismos empresariales, el país podría estar perdiendo, por problemas de corrupción, alrededor de 5 puntos del Producto Interno Bruto (PIB); es decir, 100 mil millones de pesos anuales.
De ahí, que la Organización de Estados Americanos (OEA) haya tomado cartas en el asunto, y desde 1996 implementara el primer instrumento jurídico internacional anticorrupción y en 2002 pusiera en marcha el mecanismo que evalúa su cumplimiento en los Estados Parte.
La Convención Interamericana contra la Corrupción y el Mecanismo de Seguimiento de su implementación (MESICIC) constituyen, desde entonces, los principales instrumentos de cooperación para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción en las Américas.
Otro de los grandes propósitos de la Convención es el de promover, facilitar y regular la cooperación entre los Estados a fin de asegurar la eficacia de las medidas y acciones para prevenir, detectar, sancionar y erradicar los actos de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas y los actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio.
El gobierno mexicano ha hecho denodados esfuerzos para erradicar la corrupción, que es una práctica añeja y enraizada en las esferas gubernamentales, sin tener muchos avances. La Secretaría de la Función Pública es la entidad gubernamental encargada de lograr que se cumpla con el objetivo de implementar la transparencia en todas las acciones de gobierno.
En ese sentido, la transparencia y el acceso a la información juegan un papel esencial en la construcción de gobiernos más abiertos al escrutinio público, capaces de fomentar una participación creciente de la sociedad en el diseño y evaluación de las políticas públicas gubernamentales y por lo tanto de una mayor rendición de cuentas públicas y un paso en la erradicación de las prácticas de corrupción.
La organización Derechos Humanos Económicos, consciente de este problema, busca poner su “granito de arena” para hacer que se cumplan los mecanismos de transparencia implementados por el gobierno, y así contribuir a disminuir los actos de corrupción.
